Es cierto lo que dice Borrell: las famosas 400 bombas son extremadamente precisas, capaces de acertar a su objetivo con un margen de error de 1 metro. Lo repite como un mantra cada vez que alguien le pregunta, zanjando así cualquier discusión sobre su envío a los carniceros saudíes.

Parece olvidar que ese es el problema, que una precisión extrema es justo lo que se necesita para acertar a un autobús con 40 niños y hacerlo saltar por los aires. Autobuses, colegios, hospitales, almacenes de alimento, depósitos de agua, bodas, funerales, barcos de pesca, emisoras de radio, barrios enteros… Estos son los objetivos que, con precisión milimétrica, hacen saltar por los aires las bombas “inteligentes”. Está perfectamente documentado y, por supuesto, el ministro de Exteriores lo sabe.

De alguien como Borrell podría esperarse algo así, pero la misma postura ha sido defendida incluso por Isabel Celaá. ¿Qué puede llevar a la ministra de Educación a defender lo indefendible al final de una carrera profesional y política bien valorada? ¿Qué puede llevar a una persona de su trayectoria a defender la venta de unas armas que, con toda probabilidad, se usarán para masacrar a la gente en Yemen?

Para entenderlo debemos remontarnos a la semana del 3 de septiembre, inicio del curso político. El nuevo Gobierno acababa de tener acceso a los documentos secretos de la Junta Interministerial (JIMDDU) y pudo confirmar lo que llevamos tiempo denunciando: en contra de lo que argumentaba el anterior Gobierno, nada impide a Arabia Saudí usar las armas españolas para cometer crímenes de guerra.

Esto hizo saltar las alarmas en el Ministerio de Defensa y en la Secretaría de Estado de Comercio. Probablemente tuvieron mucho que ver dos acontecimientos anteriores. Por un lado, el 20 de abril se anunciaron acciones legales contra Italia basadas en un reportaje de The New York Times que probaba el uso de bombas italianas contra población civil. Por otro lado, en el ataque del 9 de agosto contra un autobús lleno de niños se pudo comprobar también la procedencia de la maldita bomba.

Resumiendo, en primer lugar es ilegal vender armas a países que puedan usarlas contra la población civil, cosa que se está haciendo. Segundo, es posible identificar la procedencia de un arma tras un ataque, es decir, te pueden pillar. Y lo más importante, si te pillan puedes acabar en los tribunales.

En este escenario, la primera semana de este curso político fue intensa. Comenzó con el anuncio de la ministra de Defensa de la paralización de un envío inminente de 400 bombas de precisión (del mismo tipo que las usadas contra el autobús escolar y tantos otros objetivos civiles) y acabó con la comparecencia de la secretaria de Estado de Comercio, anunciando importantes cambios en la política de exportación de armas. Todo indicaba que las cosas iban por buen camino, como cabía esperar con el cambio de Gobierno, hasta que empezaron a torcerse.

Puedo imaginar cómo empezaron a sonar los teléfonos por los despachos. Grandes directivos de la industria armamentística (en su mayoría procedentes de puertas giratorias) y grandes constructores de obra civil como Indra, OHL y ACS viendo peligrar sus macabras inversiones, monarcas defendiendo sus comisiones, la industria del petróleo en alerta roja… Demasiados intereses, demasiado poder y pocos escrúpulos para que la historia acabara bien.

Pero estas personas no se manchan nunca las manos; hacía falta un detonante externo para enderezar este nuevo y molesto rumbo. El típico “arréglamelo, pero que no se note” tuvo como víctimas a los trabajadores de Navantia, una empresa que renunció en abril a un contrato de 5 corbetas para Brasil por “exceso de carga de trabajo”. Los sindicatos y los políticos de la región hacen de correa de transmisión bien engrasada y consiguen convencernos de que ahora, apenas 5 meses después, sin las 5 corbetas de Arabia Saudí los trabajadores no tienen futuro.

Salen a la calle, corte de carreteras, todo arreglado. El gobierno rectifica y donde dije digo, digo Pedro. No hay más que ver y escuchar la gran maquinaria mediática, toda la responsabilidad recae sobre unos trabajadores desesperados, por haber defendido el pan para sus familias por encima de la vida de los Yemeníes. Ese es el gran debate, la gran pregunta que me han hecho en cada entrevista, y van unas cuantas, estas dos últimas semanas: «¿Qué opinas de la postura de los trabajadores de Navantia?». Olvidando casi siempre el fondo de la cuestión, y es que alguien lleva tiempo diseñando una estrategia para situarlos entre la espada y la pared. Para utilizarlos.

Un gobierno decente hubiera optado por cumplir la ley y defender los Derechos Humanos en primer lugar, para acto seguido buscar una solución a la bahía de Cádiz. Una definitiva, no un parche, si algo hemos visto estas semanas, es que hay alternativas de futuro viables. Pero para ciertos intereses es muy conveniente disponer de una región desesperada que dependa exclusivamente de la industria de la muerte, para cuando las cosas se ponen complicadas poder sacar el eterno debate de “pan o paz”. Lo único importante es que las armas, los dólares y el petróleo sigan fluyendo. Y ese asunto  ya está resuelto.

Solo queda un pequeño detalle: convencer a la opinión pública de que se deben vender armas para asesinar a niños. “El Gobierno sabe que lo que está vendiendo son Laser de alta precisión, por lo tanto, si son de alta precisión, no se van a equivocar matando a Yemeníes”. Esta frase, que nos evoca una película de Star Wars, es lo que le sale a alguien de la categoría de Isabel Celaá cuando le toca vender lo invendible.