El ejército español y la especulación inmobiliaria

El pasado martes tuvo lugar en Gasteiz la presentación del libro “Araka y Desamparadas, historia de un expolio” a cargo del colectivo antimilitarista Gasteizkoak. En él se destapa una de las caras más desconocidas del ejercito en España. Esta institución es el principal poseedor de tierras del Estado y también dispone de un gran patrimonio inmobiliario. El trabajo descubre cómo ha logrado el ejército hacerse con semejante patrimonio. El análisis de un caso concreto en Vitoria nos da las claves para entender el expolio que las fuerzas armadas han realizado sobre ayuntamientos y otras corporaciones locales y regionales. Pero lo grave del asunto es que estas prácticas continuan en diversos lugares como apunta Iñaki Ruiz de Pinedo, autor del prólogo, al referirse al pelotazo de los cuarteles de Campamento en Madrid. A continuación publicamos la introducción al libro.

Introducción

Araka no es sólo aquel lugar de pesadilla donde miles dejóvenes fueron secuestrados muchos meses de sus vidas para cumplir el servicio militar obligatorio en el Centro de Instrucción de Reclutas —CIR— n.º 11, lo que ocurrió durante casi 40 años. Es también una crónica de casi medio siglo de la demostración del poder fáctico militar que tanto denunciamos desde el antimilitarismo.

Hasta mediados de los ‘60 del pasado siglo Araka era una extensión con más de 700 hectáreas —ha— formada por eriales, monte bajo, pinares y fincas cultivadas —en su mayoría comunales—. Algunos de esos terrenos formaban parte del Catálogo de Montes de Utilidad Pública.

A principios de 1964 el entonces denominado Ramo de Guerra—que desde finales del siglo XIX había ido haciéndose con pequeños terrenos en Araka— valiéndose de la autoridad plenipotenciaria que la dictadura militar franquista les otorgaba y de la sumisión servil que las autoridades civiles les brindaban, deciden hacerse, por las buenas o por las malas, con esos más de 7 millones de metros cuadrados de terreno, arrebatándoselos, por la vía de la expropiación forzosa, a sus legítimas dueñas: las poblaciones vitoriana y alavesa.

Todos estos factores han hecho que la presencia militar en Araka sea una de las espinitas clavadas del antimilitarismo vitoriano y alavés, quien desde hace muchos años, en diferentes campañas, denuncias públicas y movilizaciones — incluidas marchas al cuartel— viene reclamando la desmilitarización total (también) de Araka.

En el marco de una de estas campañas —Araba Desmilitarizatu— y al comenzar a organizar una nueva marcha al cuartel de Araka para exigir su desaparición, alguien, desde alguno de los grupos antimilitaristas que colaborábamos en la organización, recordó que años antes un concejal del Ayuntamiento de Vitoria- Gasteiz había facilitado a uno de esos grupos una amplia información acerca del cuartel de Araka. Por diferentes circunstancias —y en este caso, también, por la dedicación exclusiva que entonces la insumisión requería de los grupos antimilitaristas—, toda aquella documentación fue a parar a algún estantería o cajón.

Afortunadamente, aquella documentación no se perdió. Desde Gasteizkoak nos ha parecido muy interesante recuperarla, pues contiene datos sobre Araka que desconocíamos y porque señala irregularidades, ilegalidades y operaciones turbias que parecen indicar un hecho paradójico: fueron las instituciones alavesas las que corrieron con la mayor parte de los gastos que se produjeron con la expropiación forzosa de Araka. Eso sí, como vamos a ver, no la financiaron por completo.

Decidimos ponernos en contacto con el ya por entonces ex concejal, quien por motivo de su trabajo como edil había podido acceder a ese material pero que, desde el principio, más que un elemento para la confrontación o utilización política por partidos, lo había considerado —en una decisión que le honra— un material interesante para el trabajo que los colectivos antimilitaristas veníamos desarrollando en la ciudad (por aquel entonces, bastante más intenso y probablemente interesante que hoy en día).

Ese ex concejal (que como ya la mayoría habrá deducido se trata de Iñaki Ruiz de Pinedo, prologuista también de este libro) nos dio pistas y nos aconsejó acerca de cómo desarrollar la tarea pendiente, que fundamentalmente consistía en seguir buceando en los archivos municipales y provinciales. Para conseguir los datos necesarios que pudieran avalar, sin género de duda, la hipótesis que sobre la expropiación de Araka ya hemos comentado. Todo lo expuesto nos lleva a reconocer públicamente que, sin la inestimable ayuda de Iñaki, probablemente nunca hubiéramos sido capaces de desarrollar este trabajo que vais a leer. La cuestión es que decidimos dedicarnos a esa tarea de buceo en los archivos.

Poco a poco, y en la misma medida que engullíamos documentación, se acrecentaba nuestra sorpresa ante lo que íbamos descubriendo.

Los legajos y expedientes arrojaban luz sobre algunas realidades que, aunque ya eran conocidas de oídas, al ser fechadas, datadas y firmadas por personas concretas, se mostraban mucho más evidentes. Por ejemplo: el importante expolio de terrenos y edificios de Gasteiz y Araba por los militares viene de muy antiguo; la sumisión vergonzante a los deseos e imposiciones de estos, mantenida por las autoridades que han presidido las instituciones públicas alavesas y vitorianas durante casi un siglo y especialmente denigrante en la dictadura, ha sido tan patética como escandalosa —con esto no afirmamos que tal actitud haya desaparecido—. Quienes sufrieron esa vergonzosa sumisión —como habitualmente sucede— fueron las poblaciones a las que decían representar.

Afortunadamente también hemos podido disfrutar con algunos pasajes en los que estas poblaciones, a pesar del duro contexto comentado, se revelaban contra las injusticias que les ocasionaba ese entreguismo sin condiciones de las instituciones al poder militar. Demostraciones evidentes de todo lo comentado aparecen en este libro. Pero, centrémonos en la cuestión principal: lo encontrado en los documentos podemos calificarlo de sorpresa y escándalo mayúsculo. Como evidencian las próximas páginas, la hipótesis de la que partíamos no sólo se ha demostrado absolutamente verídica, sino que incluso se ha quedado corta.

Efectivamente, de la mano de un recorrido cronológico por toda la documentación, vamos a contemplar que, en el menos malo de los casos, fueron las instituciones alavesas las que desembolsaron el 80% de los 24 millones de pesetas de la época que supuso la expropiación forzosa de Araka. En concreto, 14 millones el Ayuntamiento (5 en metálico y otros 9 mediante el pago de los gastos de agua y electricidad de los militares durante 8 años) y otros 5 millones la Diputación Foral.

Decimos que “en el menos malo de los casos” porque, como también vamos a tener oportunidad de comprobar, el propio Ayuntamiento de Vitoria, como forma de hacer frente a esos 14 millones, barajó la posibilidad de aumentar en un montante parecido a esa cantidad (a la que denominó plusvalía, reconociendo explícitamente su ilegalidad) el pago de la factura que el Ayuntamiento debía abonar legalmente al Ejército por la recuperación de los terrenos que éste poseía en el Polígono de Desamparadas, y que iba a abandonar para instalarse en Araka.

Para más escarnio, esos terrenos de Desamparadas habían sido cedidos de forma gratuita por el Ayuntamiento de Vitoria en 1893. Veamos la reproducción literal del párrafo explicativo de esa propuesta que aparece en el informe municipal

“El Ayuntamiento, en síntesis, negándose formalmente a la obligación financiera en relación con Araca, no tendría inconveniente en compensar al Ejército en cifras análogas a las negadas allí, en forma de exceso de precio por la adquisición de los solares netos que resulten de la planificación contenida en el Plan Parcial a aprobar, sobre los valores comerciales fijados en los Indices Municipales de Valoración del Suelo de Vitoria. (…)“Con ello y dada la diferencia entre ambas cifras 15.911.086,50 Pts. queda comprobada la analogía que el mayor precio de compra implica en compensación con las cifras obligadamente negadas en relación con el C.I.R.”

Pues bien, lo que vamos a comprobar con la lectura de estas páginas es que, finalmente, el Ayuntamiento de Vitoria no sólo pagó 14 millones para ayudar a los militares a hacer frente a la expropiación de Araka (expropiación que debería haber abonado el Ejército en su totalidad) sino que, además, terminó abonando al Ramo de Guerra, esos casi 16 millones de más en forma de plusvalía, por sus posesiones en Desamparadas. Negocio redondo para el Ejército. Consiguió transformar sus posesiones en Desamparadas en una Base Militar de más de 7 millones de metros cuadrados y no sólo las operaciones no le costaron un duro, sino que además obtuvo al menos 11 millones de pesetas de beneficio —descontando los 5 millones que teóricamente aportaron para la expropiación de Araka.

Por eso, cada vez que en la última década se le ocurre a un partido político una nueva genial idea sobre Araka —genialidades que no vamos a analizar aquí, pues probablemente habría materia para otra publicación—; cuando se les oye hablar de la necesidad de negociar con el Ministerio de Defensa la compra de los terrenos de la Base de Araka, no podemos sino ver reflejada en la actual clase política similar comportamiento de sumisión a los militares al que practicaron hace 40 años las anteriores autoridades públicas.

Con un agravante añadido. La actual política de desafección de terrenos y propiedades que en los últimos años lleva a cabo el Ministerio de Defensa — terrenos y propiedades que en su gran mayoría fueron cedidos gratuitamente por las poblaciones, o fueron fruto de operaciones de expropiación forzosa similares a la de Araka—, está enfocada a conseguir sustanciosos ingresos extrapresupuestarios para los grandes programas de armamento con los que Defensa pretende modernizar las Fuerzas Armadas. Hecho éste que ha declarado públicamente el propio Ministerio y que conocen sobradamente los partidos políticos alaveses proponentes de tal negociación.

Las ventas de posesiones militares en los últimos siete años le han supuesto a Defensa —en el Estado— un ingreso extraordinario de presupuesto para nuevos programas de armamento de casi 2.584 millones de euros (alrededor de 430.000 millones de las antiguas pesetas), cifra equivalente, por ejemplo, a lo gastado en ese mismo periodo por Defensa en Investigación y Desarrollo de nuevos armamentos. O, de una forma más visual, el presupuesto destinado a la compra de casi 21 nuevos ejemplares del Avión de Combate Europeo Eurofighter. O, lo que es lo mismo, lo que el Banco de España ha ganado con la venta de la mitad de sus reservas de oro [I].

La conclusión pues, parece evidente. El destino de Araka no puede ser más que su devolución absolutamente gratuita a las poblaciones vitoriana y alavesa a quienes legítimamente corresponde y a las que nunca se les debería haber arrebatado. Déjense los partidos políticos y las instituciones de someterse otra vez a la disciplina militar contemplando tan siquiera la posibilidad de financiar nuevos programas de armamento o cualquier otro gasto militar a cambio de Araka. Y váyanse de una vez los militares de Araka. O, mejor, desaparezcan de la faz de la Tierra.

Las poblaciones vitoriana y alavesa tenemos mucho que decir en algunos de esos objetivos. No permanezcamos sumisas ni calladas si, de nuevo ahora, quienes dicen representarnos vuelvan a primar por encima de nuestros derechos el interés de los militares. Aprendamos de las lecciones que nos aporta nuestra propia historia y sepamos sacarnos esa espinita clavada que cual símbolo de la presencia militar en Araba representa el cuartel de Araka. Nuestro deseo es que este trabajo ayude en esa tarea que, no olvidemos, ha de ser colectiva (ésa es nuestra única fuerza ante las imposiciones) y, por lo tanto, a todas y todos nos corresponde.

Nota:

[I] El Mundo, 16-09-2007

Fuente: Rebelión

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