Explosivos alaveses: muerte o conversión
En las últimas semanas, y al hilo de las negociaciones mantenidas sobre el nuevo convenio de la fábrica de armamentos alavesa “Explosivos Alaveses” (EXPAL), hemos asistido atónitos a las argumentaciones esgrimidas por la Dirección de la empresa a la hora de intentar justificar su propuesta inicial de regulación de empleo para 26 trabajadores, argumentaciones que se basaban tanto en la presunta crisis del grupo Unión Española de Explosivos -UEE- (al que EXPAL pertenece), como a la prohibición parlamentaria de fabricación tanto de minas antipersonales como bombas racimo.
La razón de nuestra sorpresa surge tanto de constatar que la facturación de EXPAL en el último trienio, lejos de reducirse por esa presunta crisis, se ha incrementado en un 50% (de 4.000 a 6.000 millones), como de que precisamente el grupo UEE, después de haberse enriquecido con la fabricación por EXPAL de las minas antipersonales,vuelva hacerlo ahora también con el desminado a través de FAEX, otra empresa del grupo, pero, sobre todo, del hecho de que justo en estos momentos la empresa se encuentre inmersa en la fabricación de un importantísimo pedido de bombas (entre 13.000 y 18.000 según las fuentes), pedido sólo comparable al que, de forma ilegal y contraviniendo la normativa internacional, la propia empresa realizó ya en los años 80 en plena guerra Irán-Irak, suministrando a ambos países (muchas de las muertes en ambos bandos tenían el mismo sello de fabricación, EXPAL).
Exportación ilegal a Turquía
Pero mucho más grave que la mencionada hipocresía empresarial es el hecho de que el citado pedido se deba a un contrato de exportación firmado con el gobierno turco para la venta de dos modelos de bombas de aviación de la serie MK, pasando con ello EXPAL a asumir la producción de la principal empresa turca fabricante de bombas de aviación, destruida tras una explosión.
Este contrato firmado por EXPAL con el gobierno turco y anunciado efusivamente en la prensa de ese país (ver, por ejemplo, la portada del diario turco “HÜRRIYET” del pasado 5 de junio) ha sido silenciado tanto por el gobierno español como por la propia empresa, ya que contraviene al menos 4 de los 8 criterios del “Código de Conducta de la Unión Europea en materia de Exportación de Armas” aprobado por todos los Estados miembros de la UE el pasado 25 de mayo. Estos son:
- “la no exportación a países en los que se hayan cometido graves violaciones de los derechos humanos”. Sólo en le Kurdistán turco, según la Asociación de Derechos Humanos IHD, hay más de 10.000 presos/as políticos, más de 400 periodistas detenidos/as, cerca de 1.500 denuncias por torturas, más de 300 publicaciones confiscadas y más de 100 asociaciones ilegalizadas.
- ”Impedir las exportaciones que agraven las tensiones o conflictos existentes en el país de destino final” y
- “no expedir licencia de exportación cuando exista un riesgo manifiesto de que el receptor pueda utilizar el producto para agredir a otro país o para imponer por la fuerza una reivindicación territorial”. Sólo durante los años 90, la intensificación de la represión militar turca sobre la población kurda ha provocado el desplazamiento de casi 3 millones de personas, tras la quema de hogares y el bombardeo de poblaciones de refugiados.
- “Los Estados miembros, estudiarán si la exportación propuesta desestabilizaría de forma importante el desarrollo sostenible del país receptor”. Según el “Informe sobre desarrollo humano.1996” de Naciones Unidas, el “gastos en defensa” turco (3,2 del PIB) es un 25% superior al “gasto en educación” (2,4 del PIB) y más del doble del “gasto en salud” (1,5 del PIB).
Pero las implicaciones del gobierno español en esta exportación ilegal no han consistido tan solo en “permitirla”, sino que ha venido realizando las gestiones diplomáticas entre ambas partes, uno de los motivos de la reciente visita del presidente Aznar al país turco, país al que bajo su mandato, y tal y como reconoció el propio Secretario de Estado de Defensa, Pedro Montes, en el Congreso el pasado 20 de Mayo, se han autorizado ventas de armas por un importe superior a los 45.000 millones, y en la actualidad se negocian nuevos contratos por cantidades mucho más importantes.
EXPAL: empresa y sindicato mayoritario impiden un proyecto de Conversión
A menudo, empresarios y trabajadores de la industria de armamentos basan en la carencia de alternativas las razones para mantener una producción, como acabamos de ver, destinada a la muerte y destrucción de pueblos y personas. Sin embargo, en el caso de EXPAL, tanto la dirección de la empresa, como el sindicato mayoritario en el Comité de Empresa, Comisiones Obreras, han demostrado su hipocresía y falta de escrúpulos, al impedir con su negativa absoluta a la más mínima colaboración, la elaboración de un pormenorizado estudio sobre las posibilidades de Conversión de su producción en producción civil, malogrando así lo que iba camino de consolidarse en la primera experiencia de Conversión de la Industria militar en este país.
En efecto, desde hace más de un año se ha venido elaborando un proyecto para desarrollar una propuesta de Conversión de la producción de EXPAL, proyecto para el que, tras intensas gestiones, se había conseguido implicar tanto a diversos/as especialistas de la materia (economistas, ingenieros industriales, químicos, sociólogos…), como diversas instituciones, comprometidas incluso con la financiación del proyecto (Fons Catalá de Cooperació, Fondo Vasco de Cooperación…) y diversas ONGs y colectivos dedicados al estudio de la llamada “Economía de la Defensa” y sus alternativas (contando, incluso, con el asesoramiento internacional del prestigioso Bonn International Centre For Conversion -BICC- alemán), todos ellos coordinados por un equipo técnico dirigido por el profesor de Economía Aplicada de la Universitat Autónoma de Barcelona, Arcadi Oliveres.
Pues bien, tras la elaboración de un detalladísimo esquema de trabajo, que tras el inicial trabajo de campo permitiese la realización del estudio, y la posterior presentación de propuestas, con un plan de trabajo diseñado en diversas fases, todo el proceso ha debido cancelarse por la negativa rotunda tanto de la empresa como de la sección sindical de Comisiones Obreras a aportar la más mínima colaboración al proyecto, algo que, al menos en el caso del sindicato, choca de lleno con los posicionamiento que en el tema de la Conversión han venido manifestando sus órganos directivos.
Necesidad de la denuncia
Ante esta situación, creemos necesario que todo tipo de colectivos, organizaciones, movimientos, instituciones y ciudadanía en general, asumamos la labor de denuncia pública de las actividades de EXPAL, tanto para impedir el colaboracionismo con nuevas masacres (el ya comentado caso kurdo), como para forzar que la empresa y su sindicato mayoritario hayan de revisar su postura negadora, y contribuyan a posibilitar la realización del proyecto de Conversión, única vía que posibilitaría el abandono de la fabricación para la muerte.
Todas y todos, con la denuncia, podemos aportar nuestro granito de arena para “convertir” el futuro de EXPAL, en algo que como ciudadanos vascos y trabajadores no nos avergüence más.
Reina Ruiz y Antonio Escalante, en nombre del Colectivo Gasteizkoak
Publicado en revista Egunkaria el 13-08-1998
